Proyecto
Derechos y Justicia en el movimiento social en Internet

En los últimos años ha surgido cierta preocupación en relación con el impacto negativo de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Esta preocupación está centrada en la desazón de personas que narran sus vicisitudes o las de sus conocidos sobre cómo fueron lesionadas en sus derechos o intereses y cómo el sistema de administración de justicia no ha podido corregir la situación. A ellos se suman los defensores de los derechos humanos y los académicos que discuten situaciones posibles y casos concretos. Estos impactos negativos se relacionan también con el ciberdelito, la pornografía, la difamación, o el SPAM, entre otros. Una de estas preocupaciones —a veces vista como un costo asociado a las ventajas de la sociedad de la información— ha sido la invasión de la privacidad y la difusión de datos personales, y el correlativo impacto en la intimidad y la proliferación de prácticas discriminatorias (en particular en el acceso al empleo). Abordar esta situación —en un marco limitado a la información judicial— ha sido el tema del Proyecto IDRC "Internet y Sistema Judicial" que concluyó con la elaboración de las Reglas de Heredia para la difusión de información judicial en 2003.

Desde esa fecha hasta hoy no sólo han aumentado las preocupaciones y la discusión sobre nuevos riesgos, sino que también se ha observado una reacción positiva pero aun muy tímida en las políticas públicas. Probablemente otros riesgos —como las violaciones a la propiedad intelectual— hayan monopolizado el interés.

Con el auge del movimiento social en Internet —conocido como Web 2.0— los riesgos se han multiplicado significativamente y situaciones que antes eran aisladas ahora se ven mucho más asociadas a grupos vulnerables. Un ejemplo —y sólo un ejemplo— es el crecimiento de la utilización de niños y adolescentes en pornografía para la que la modalidad comercial en Internet ofrece un atractivo muy especial.

Los antecedentes mencionados y los nuevos riesgos ya identificados dejan ver que es necesario un mayor consenso sobre la necesidad de prevenir y generar políticas públicas capaces de aproximar un equilibrio entre los beneficios de un significativamente mayor acceso a la información que ha generado Internet y políticas de prevención, regulación y compensación de las desventajas.

Justificación

El desarrollo de Internet ha sido ampliamente reconocido por sus logros a favor del acceso al conocimiento, facilidad de las comunicaciones, expectativas de más libertad de expresión, pero —como todos los cambios tecnológicos que le precedieron— supone también nuevos riesgos.

Estos nuevos riesgos deben ser identificados y es necesario desarrollar leyes, políticas, instituciones y conciencia pública que permitan controlarlos. A diferencia de los riesgos anteriores, como gran parte de las aplicaciones de Internet están amparadas en la libertad de expresión, el énfasis debe estar en la prevención (excluyendo la censura previa), la autorregulación y el control judicial, más que en leyes y políticas rígidas.

Es necesario también un sistema de identificación permanente de los riesgos, Internet es un espacio de gran creatividad y los cambios se producen a gran velocidad; a mucha más velocidad que los procesos de creación de políticas públicas, sanción de las leyes, o de las buenas intenciones autorregulatorias.

Otra dificultad es que no todas las víctimas de estos riesgos son concientes de su condición de víctimas. Esto significa que la identificación de riesgos debe estar acompañada por la identificación y acompañamiento de grupos vulnerables.

Los riesgos y las políticas que es necesario desarrollar determinan dos dimensiones para la acción. En primer lugar, se encuentra el gobierno electrónico y el contexto de las políticas de acceso a la información gubernamental (el Estado es uno de los principales acumuladores de datos personales, por tanto se requieren políticas muy claras de protección y seguridad de los datos). Una segunda dimensión queda claramente definida en el contexto de Web 2.0 donde son los mismos usuarios que comparten situaciones íntimas y datos personales, muchas veces por desconocimiento de los riesgos que pueden acarrear.

Una visión en la que la privacidad sea vista en equilibrio con otros derechos fuertemente vinculados a la sociedad de información es hoy ineludible. Estos derechos son el acceso a la información y el conocimiento y la libertad de expresión, concebidos dentro de una visión de derechos humanos. La evolución de las ventajas del uso extensivo de Internet también introduce cierta complejidad; mientras que en algunos aspectos Internet ya ha mostrado fabulosos resultados, en otros aspectos los beneficios están por debajo de las expectativas. Un ejemplo de esto es la libertad de expresión; si bien es cada vez más fácil expresarse, no es tan fácil ser oído ya que algunas prácticas —y la misma estructura de Internet—atentan contra la posibilidad de buscar opiniones (los buscadores priorizan los intereses comerciales, no son trasparentes ni están regulados) o dirigir opiniones a sectores determinados (que sería visto como SPAM).

Enfocar esta situación en todas sus dimensiones es posible pero con las limitaciones de un proyecto es necesario hacer algunos énfasis:

Riesgos: se analizarán fundamentalmente los riesgos sobre los derechos de intimidad y privacidad ya sean los generados por el gobierno electrónico como por las aplicaciones en Web 2.0 (blogs y otros espacios de socialización)

Poblaciones vulnerables: se desarrollaran estrategias para identificar poblaciones o grupos vulnerables, pero se prestará más atención a la situación de los trabajadores (discriminados por la generación de listas negras) y de los adolescentes (por sus actitudes confiadas y abiertas y los riesgos, entre ellos de ser víctimas de explotación sexual y pornografía).

Administración de justicia: se evaluará y promoverá la capacidad del sistema judicial para corregir estos riesgos —situación que inevitablemente requerirá analizar y mejorar el uso de las TICs en justicia.

Actores sobre los que se pretende incidir: el conjunto de políticas necesarias para prevenir y compensar estos riesgos no cae en las competencias de una única autoridad pública ni en un único campo de acción de la sociedad civil organizada. Varios actores pueden ser identificados como relevantes, por ejemplo:

Gobiernos

• Autoridades del Poder Ejecutivo

• Área que coordina los desarrollos de e-gov
• Área que lidera la política de Internet
• Área que coordina las políticas de "Internet seguro"
• Áreas de políticas de juventud
• Educadores y gestores de políticas de educación

• Legisladores
• Jueces
• Defensores de los ciudadanos (Ombusmen), agencias de protección de datos.

Sociedad Civil

• Grupos impulsores de la Sociedad de la Información
• ONGs
• Empresas locales e internacionales de servicios para Internet (buscadores, blogs, etc.)
• Grupos nacionales y regionales de presión/debate/asesoramiento desde la sociedad civil sobre gobernanza de Internet
• Asociaciones de cyber-cafés

Entidades internacionales

• eLAC
• OEA
• Proyectos multilaterales que promueven desarrollos de e-gov (Banco Mundial, BID, etc.)
• IGF
• Multistakeholder Advisory Groups (MAG)

Sin perder de vista toda la dimensión del problema y sus actores, el proyecto hará un particular énfasis sobre los derechos de intimidad y privacidad, dentro de los derechos fundamentales en riesgo; los jóvenes (niños, adolescentes y personas hasta 25 años) y los trabajadores como grupos vulnerables; y la administración de justicia como expresión del gobierno electrónico.

¿Por qué una visión propia en América Latina y el Caribe (LAC)?

EE.UU. vs. Europa sigue siendo el dilema, pero ninguna de las políticas allí desarrolladas son automáticamente posibles de transvasar a los países de LAC. Las políticas en EE.UU. y Europa no sólo son diferentes —y aun contrapuestas— sino que además está acompañadas de muy fuertes presiones sobre los países de LAC para que se adscriban a determinados modelos, pero siempre con una visión parcial (ya sea en relación con el comercio, la integración, la lucha contra la corrupción, etc.). En este contexto LAC no logra aun desarrollar su propio equilibrio por estar muy presionada en ambos sentidos, y por ser una región significativamente más lenta para reaccionar (con otros problemas más urgentes) y paradójicamente mucho más rápida en los procesos de implementación de las nuevas tecnologías.

En otros países y regiones la administración de justicia ha tenido —y actualmente tiene— un rôle relevante en el reestablecimiento del equilibrio de derechos luego de un impacto tecnológico. Por ejemplo en Canadá el Judicial Council ha regulado oportuna y cuidadosamente los derechos de privacidad que les corresponden a las personas que acceden al sistema judicial. Aun considerando las diferencias que existen entre Europa y los EE.UU., en ambos casos, se le asigna a la administración de justicia la función de corregir situaciones que no quedan reguladas adecuadamente después de un cambio tecnológico. Sin embargo en LAC las judicaturas están apenas reaccionando a esta nueva dimensión; aun cuando los procesos de reforma incluyen una fuerte incorporación de TICs. En LAC la administración de justicia ha ganado gran transparencia —más que en otras regiones— pero aun la ineficiencia imperante limita las posibilidades de asumir un rôle más activo en los nuevos conflictos: hoy —pese a la incorporación de tecnología— demoras, congestionamiento generado por casos triviales y acceso limitado a la justicia siguen en el centro de las críticas.

Desarrollar una base de conocimiento que incluya analíticamente una sistematización de los riesgos y una síntesis actualizada de las soluciones ensayadas, orientada a facilitar un debate informado sobre los riesgos generados por las TICs sobre las poblaciones vulnerables (especialmente niños, adolescentes y jóvenes) y las posibles correcciones.

• Relevar casos directos y concretos de violaciones de derechos fundamentales mediante instrumentos creados para ese propósito (Oidoría);
• Identificar instituciones y personas clave en los países seleccionados que faciliten y colaboren en el debate para una aproximación a un consenso sobre las políticas públicas a promover;
• Instrumentar herramientas de software (directamente o por definición de estándares) que coadyuven al mejor aprovechamiento de las TICs dentro de un equilibrio de derechos (e.g. anonimización de documentos gubernamentales, sistemas de gestión gubernamentales);
• Promover y facilitar en LAC un debate sobre los conflictos y las soluciones necesarias para lograr que las TICs se desarrollen dentro de un equilibrio de los derechos fundamentales coherente con las características regionales;
• Generar productos de información y recomendaciones;
• Sensibilizar y concientizar a la sociedad civil sobre la necesidad de prevenir y contrarrestar riesgos;
• Informar a los gobiernos e incidir sobre ellos para la generación de políticas públicas para las TICs dentro de un equilibrio de derechos;
• Apoyar a los Poderes Judiciales para que puedan asumir un rôle más atento a la corrección de los riesgos del uso de las TICs;
• Apoyar a los Poderes Judiciales en la incorporación de las TICs para lograr una mayor eficiencia en su desempeño.

La metodología de trabajo parte de la investigación: identificación clara del problema y de las soluciones que se le han dado hasta ahora, de las necesidades y vacíos existentes en la región, y de una descripción de los riesgos y de los grupos más vulnerables a dichos riesgos.

Concluida la etapa de investigación se promoverá cierto consenso sobre cuál es la mejor solución para América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta todas las variables de presión y contexto social que son propias a la región. Para construir el consenso se partirá de facilitar el conocimiento y dar participación a todos los sectores involucrados.

El eje central del proyecto es su estrategia de difusión (concientización del problema y difusión de las recomendaciones). Si bien su centro temporal serán los Seminarios Nacionales se desarrollará una extensa y amplia acción con los medios masivos de comunicación

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Etapa I — investigación, estudios y recopilaciones.

Para ampliar la base de conocimiento se a convocará a un concurso de investigaciones y estudios sobre la temática del proyecto. La convocatoria tiene el doble objetivo de (1) oír visiones y propuestas novedosas; y, (2) obtener un conjunto de estudios comprehensivos que sirvan de base para el debate y la formulación de recomendaciones. La convocatoria se realizará proponiendo una serie de temas más puntuales y se apoyarán las propuestas que —guardando un eje temático— incluyan y hagan la mejor síntesis de todos los conceptos involucrados. Un avance de los temas de la convocatoria es el siguiente:

• Legislación y jurisprudencia: características de la legislación necesaria, capacidad regulatoria de la jurisprudencia, estructuras legales e institucionales necesarias, dificultades debida a la falta de territorialidad en algunas aplicaciones de Internet;
• Políticas sobre Internet seguro: logros y debilidades de estas políticas en particular con los niños, adolescentes y jóvenes;
• Impacto de los espacios de sociabilización en Internet (blogs, fotologs, páginas personales, espacios para compartir videos, etc.);
• Modalidad comercial de Internet: discusión de los servicios aparentemente gratuitos (e.g. rapishare, imagevenue) y su posible impacto sobre los derechos fundamentales (especialmente a la imagen y la intimidad). Impacto sobre América Latina y el Caribe de los diseños comerciales pensados en los países desarrollados y para ellos;
• Identificación de grupos vulnerables: análisis cualitativo y cuantitativo de estos grupos y los riesgos asociados, discusión de las posibilidades de una acción de defensa como grupo o de campañas de prevención y alerta. Comparación antes y después de Web 2.0;
• e-Gobierno; discusión sobre los servicios y contenidos (en particular datos personales) y de su capacidad para generar e-ciudadanía (en particular de sitios municipales). Análisis sobre las políticas de transparencia;
• Libertad de expresión: impacto de Internet y Web 2.0 en la libertad de expresión, análisis de las barreras y limitaciones. Ventajas y desventajas de la generalización del anonimato o el uso de pseudónimos. Necesidad de un editor responsable (periodista profesional) para los sitios de opinión. Regulación de los buscadores y de sus criterios para ordenar la información, evaluación del impacto sobre el acceso a opiniones.

Simultáneamente se creará un sitio en Internet —Oidoría de los Derechos del Ciberciudadano— en el que se oirán casos y testimonios de posibles violaciones a la intimidad o privacidad. El objetivo primario de este espacio es el de ampliar la base de conocimiento de posibles conflictos y grupos vulnerables. Las víctimas podrán ser orientadas pero no se patrocinarán procesos judiciales o administrativos. A partir de las características de los conflictos y del perfil de las víctimas se discutirá la conveniencia de generar un servicio de defensa regional permanente. Se realizará una sistematización de riesgos y víctimas. La metodología subyacente es que al ampliar la captación de datos a toda la región se ganará capacidad de detección temprana de nuevos tipos de conflictos que aparecen inicialmente en forma muy aislada y poco frecuente.

Producto final: aproximadamente 6 estudios que serán complementados por el equipo del proyecto con otros estudios que den al conjunto una estructura coherente (entre estos estudios estará la visión de genero que se explica mas adelante en el capítulo correspondiente). Se realizará una edición (económica en papel y otra open access) de los estudios que será presentada y distribuida en los Seminarios. También un estudio sobre los riesgos presentados en la oidoría (o defensoría) de los Derechos del Ciber-ciudadano.

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Etapa II — construcción del consenso y elaboración de recomendaciones.

Para promover el consenso se generarán espacios de discusión que consistirán en dos seminarios que reúnan a expertos y actores gubernamentales. En los seminarios se difundirán las investigaciones realizadas y los datos empíricos (casos y estadísticas) para provocar una discusión amplia sobre los temas del proyecto pero dirigida a producir recomendaciones claras que orienten las acciones de concientización y generación de políticas públicas.

Complementariamente durante esta etapa se implementará un software de anonimización de sentencias judiciales. Este software tendrá como base el <!> desarrollado durante el proyecto Internet y Sistema Judicial, la aplicación NOME desarrollada por el Grupo LexUM, y el PJEditor desarrollado por la Corte Suprema de Costa Rica.

Todos los documentos y los detalles de los seminarios serán difundidos open access en el sitio del proyecto

Producto final: Con las presentaciones o relatorías de los seminarios se preparará un segundo tomo (mucho más breve que el de los estudios) que incluya las recomendaciones del seminario inicial y una síntesis destinada a la incidencia política que será elaborada por el equipo del proyecto. Software de anonimización y comunidad virtual para intercambio de experiencias en aplicaciones de e-gobierno (o sólo judicial). Ampliación del sitio web del proyecto a un módulo con recursos para educadores de adolescentes y jóvenes.

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Etapa III — Incidencia en los gobiernos (generación de políticas) e información y concientización de los usuarios (prevención)

• Realización de seminarios nacionales;
• Intervenciones en los medios y preparación de notas de prensa;
• Entrevistas con autoridades de gobierno, legisladores y grupos de presión;
• Campañas de sensibilización.

La metodología para la incidencia se basará en la realización de un seminario nacional —de un día de duración— en cada uno de los países seleccionados. Al mismo tiempo de los objetivos propios de cada seminario se intenta motivar un evento que pueda ser tomado por los medios para dar más difusión a la problemática y las recomendaciones. Cada seminario se realizará buscando uno o más socios locales, y con la participación de expertos, académicos, ONGs y actores gubernamentales locales. Se invitará en cada caso a un experto internacional que pueda interactuar con los medios y difundir las conclusiones y recomendaciones. Con anterioridad a cada seminario se desarrollará un avance con los medios locales para obtener presencia y se prepararán notas de prensa que puedan ser difundidas y editadas por la prensa. Cada seminario tendrá también un espacio en el sitio del proyecto con fotos y videos cortos que apoyen las ideas más importantes.

El último estos seminarios, adicionalmente, carácter regional y contará con la participación de varios expertos internacionales y actores gubernamentales (procurando entre ellos legisladores).

Producto final: los seminarios nacionales que serán el eje del proceso de incidencia, están orientados a informar y movilizar a la sociedad civil para que los gobiernos definan y ejecuten políticas de prevención y corrección de los riesgos. En cada seminario se desarrollará una estrategia de comunicación con los medios para difundir las recomendaciones. Se buscarán todas las formas posibles de difusión y sensibilización, que van desde intervenciones en la prensa, affiches en ciber-cafes, videos para televisión o la inclusión de la temática en otros espacios que puedan tener más llegada a los grupos vulnerables (e.g. argumentos de telenovelas, artículos en revistas, entrevistas) En los seminarios se distribuirían los dos tomos editados en las etapas anteriores.
 

Beneficiarios

Se pretende que los beneficiarios del proyecto sean todos los ciudadanos, utilicen o no Internet (ya que muchos de ellos son víctimas sin haber navegado nunca por Internet). Para quienes utilicen extensivamente Internet como medio de comunicación se espera sensibilizarlos y comprometerlos en un uso responsable

Países en los que se actuará: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela (y eventualmente en El Salvador y Paraguay).

Etapa investigación: un conjunto coherente de estudios e investigaciones capaz de iluminar en forma completa el debate sobre las políticas necesarias;

Etapa de construcción del consenso: creación de instancias de debate y elaboración de recomendaciones que implique actores clave y que produzcan guías claras que fortalezcan la demanda de soluciones desde la sociedad civil y respuestas adecuadas desde los gobiernos y los organismos internacionales;

Etapa de incidencia y difusión: (1) ofrecer a los gobiernos instrumentos de desarrollo de política pública (prevención y corrección) concebidos con una visión integral de derechos y sobre la base de la realidad latinoamericana (2) ofrecer herramientas para que la protección de la intimidad y privacidad sea informada y que no existan barreras de costos económicos; (3) sensibilizar a la sociedad civil —particularmente a los jóvenes— para que desarrollen un uso responsable y sin riesgos de las crecientes y sorprendentes posibilidades de comunicación que ofrece Web 2.0

La visión de género será un aspecto particular de la investigación. No hay duda que la pornografía ha encontrado en Internet un espacio muy adecuado para su desarrollo. Se reprocha enérgicamente la utilización de niños en pornografía —y de su apología— y la generación de fotos trucadas pornográficas de cualquier persona. Sin hacer un reproche global sobre la pornografía es posible evaluar su impacto sobre las relaciones de género. Es sabido que existe una fuerte relación entre sexualidad y derechos de privacidad e intimidad —muy fuertemente en la construcción de estos derechos en los EE.UU. y prácticamente inexistente en la evolución de la legislación sobre datos personales en Europa. Esta relación hace pensar que sí es necesaria una reflexión acerca del impacto diferencial de las herramientas de socialización en Internet en hombres y mujeres, pues éstas podrían estar favoreciendo o reforzando las relaciones de género tradicionales o no. No se formulará una valoración sobre un aspecto que es legítimamente moldeado por las personas de esta (y cada) época, sólo se intentará poner en evidencia este juego de impactos para que el cambio o evolución sea más informado.

No se utilizará como ejemplo ningún caso en particular (utilizando la situación de una víctima por su nombre y apellido) ni se dará aun más difusión a sitios en Internet que generan daños.

En el proceso de oidoría se recibirá información sobre casos particulares (posibles violaciones de derechos de personas), se asumirá un compromiso de no revelar las direcciones web del sitio ni de mencionar o difundir estos casos de forma tal que sus víctimas puedan ser identificadas.

Para ejemplificar estas situaciones se harán descripciones abstractas, se crearán ejemplos para describir cabalmente en qué consiste la vulnerabilidad o se referirán sitios únicamente cuando no afecten derechos personales (e.g. sería muy fácil con un "link" ejemplificar el riesgo de subir una foto de un niño que ha sido trucada convirtiéndola en pornografía, pero utilizar este ejemplo sería una nueva y mayor victimización. En este sentido el sitio desarrollado por Fernando Javier Moya Suárez podría ser un ejemplo de cuál es una metodología en el límite de tolerancia).

No se prevé que ninguna metodología de investigación signifique un conflicto o una violación a las leyes vigentes, sin embargo y fundamentalmente en razón de la existencias de vastos vacíos legales en la regulación de las TICs se impondrá un standard (pensado especialmente para las investigaciones que se adjudiquen a consultores externos). Una situación de este tipo podría presentarse mientras se investiga la diseminación de la pornografía infantil o amateur, en efecto algunos sitios dan solo una dirección en rapidshare y un password de desencriptación. Si el archivo fuera descargado se configuraría un delito de tenencia de pornografía infantil (claramente regulado en más de la mitad de los países de la región, pero no en todos) o de pornografía amateur (en posible violación con el derecho a la propia imagen). La metodología prevista para estos casos es describir los procedimientos potenciales y los abusos de los recursos en Internet, y no sería necesario establecer si el archivo ofrecido contiene o no pornografía infantil (única razón para la descarga). Sobre la base de este paradigma se estima que un standard suficiente consiste en que cualquier metodología a aplicar no sea violatoria de la ley aplicable en Canadá —en su condición de donante— y de la ley del país en el que se realiza la investigación.